Josep Maria Borrell. Vivienda, comunidad e infraestructuras sociales compartidas

Hablar con Josep Maria es hablar de vivienda más allá de la vivienda. Arquitecto de formación y responsable técnico en el IMPSOL, su mirada sitúa a la vivienda como una infraestructura social de largo recorrido, capaz de acoger formas de vida cambiantes, prácticas cotidianas compartidas y una idea de comunidad que no se puede dar por descontada. En esta entrevista, Josep Maria reflexiona sobre los límites normativos, culturales y económicos de la innovación en vivienda pública, sobre el papel pedagógico de la administración y sobre experiencias concretas como lavanderías compartidas, espacios comunitarios o modelos de vivienda flexible y no jerárquica.

El diálogo pone especial énfasis en la necesidad de pensar la vivienda con horizonte largo, asumiendo que los edificios que se construyen hoy tendrán que seguir funcionando dentro de cincuenta o cien años, en un contexto social, demográfico y cultural que no podemos prever del todo.

Escucha la entrevista original

Para empezar, me gustaría situarnos en un plano general. Cuando hablamos de innovaciones en los modelos de vivienda, tanto públicos como privados, ¿cuáles dirías que son hoy los grandes cambios que se están produciendo?

Creo que estamos claramente en un momento de cambio de paradigma. No sabría decir si este cambio comienza antes o después de la pandemia, pero sí existe un cuestionamiento profundo de los grandes temas. Todos arrastramos una mochila sobre nuestro aprendizaje vital: la forma en que hemos vivido, cómo nos han enseñado a vivir, los modelos que hemos heredado.

En mi caso personal, por ejemplo, hoy como decía vivo en pareja y tenemos una lavadora propia en casa, con un uso muy consciente, sobre todo en lo que se refiere al consumo energético, y con secado natural. Pero también he pasado por etapas en las que he utilizado lavanderías compartidas de barrio, aquellas en las que pones monedas, porque no tenía lavadora o porque me había cambiado de piso. Todo esto forma parte de nuestra experiencia cotidiana.

Desde esta vivencia, lo que entendemos es que la vivienda no debe dar respuesta sólo a una necesidad estrictamente residencial. La vivienda es una infraestructura social habitable, un equipamiento en el que la gente vive. Y cuando asumes ese punto de partida, te das cuenta de que, a medida que la sociedad evoluciona, también lo hacen las formas de convivencia, las estructuras familiares, las necesidades colectivas.

La familia nuclear tradicional ya no es el único modelo, ni probablemente el mayoritario, lo que obliga a repensarlo todo. Continuamos arrastrando creencias y aprendizajes, pero llega un momento en el que cabe preguntarse si estos modelos todavía responden a lo que necesitamos hoy y, sobre todo, a lo que necesitaremos mañana.

¿Y cómo se traduce esta mirada en la práctica de un promotor público como el IMPSOL?

En nuestro caso, esto nos lleva a intentar aprender de muchos modelos distintos. Aprendemos del modelo cooperativo, aprendemos del sector privado, aprendemos de lo que hacen otros países. Intentamos mantener una mirada abierta y actualizada, no sólo sobre lo que la gente pide hoy, sino sobre lo que entendemos que la sociedad va a necesitar en el futuro.

Aquí hay una diferencia importante entre lo que se pide y lo que se necesita. Nosotros somos una entidad pública, sin ánimo de lucro, con interés claramente público. Esto nos obliga a pensar en términos de necesidad colectiva. Y desde esta posición, creemos que la sociedad necesita viviendas no jerárquicas, viviendas flexibles, comunidades con espacios compartidos, equipamientos integrados, así como reaprender a compartir.

Todo esto lo intentamos plasmar en los pliegos de condiciones de los concursos que promovemos. No se trata de que los arquitectos que se presenten reproduzcan mis ideas o las del IMPSOL, sino que queremos generar un marco lo suficientemente flexible como para que los equipos puedan proponer ideas innovadoras. Nos interesa recibir propuestas del colectivo de arquitectos local, autonómico, estatal o internacional. Esa diversidad de miradas es clave.

En términos concretos, trabajamos mucho con viviendas no jerárquicas, flexibles, inclusivas, expandibles. Viviendas que pueden ser más atomizadas o más concentradas según el caso, pero que sobre todo incorporen la idea de compartir. Que los habitantes entiendan que la vivienda no comienza ni termina con la puerta del piso, sino que el edificio forma parte de este hábitat, como un espacio intermedio entre el público y el privado.

Esta apuesta por nuevos modelos que realice seguramente tiene límites. ¿Cuáles son, a tu entender, los principales límites con los que se encuentra?

Respuesta
Los límites son varios. Uno de los más claros es el límite normativo. Ha habido importantes cambios, como el decreto 50/2020, que permite computar espacios comunitarios dentro del cálculo de superficie de las viviendas. Para nosotros, ese cambio ha sido clave.
Hay que tener en cuenta que somos una entidad pública, pero funcionamos, en muchos aspectos, como un promotor privado. No recibimos aportaciones dinerarios ordinarias y debemos ser autosuficientes. Antes de 2020, cuando hacíamos una sala comunitaria, por ejemplo una lavandería compartida, esto era casi un regalo que la administración hacía a la comunidad, pero económicamente penalizaba mucho la viabilidad de la promoción.

Con el cambio normativo, podemos imputar parte de estos espacios comunitarios a las viviendas. Esto abre la puerta a trabajar de otra forma. Pero los límites no son sólo normativos. También existen límites culturales, políticos, sociales.

Nosotros trabajamos con el ciudadano general, no sólo con personas convencidas ya de los modelos cooperativos o comunitarios. Nuestro público es muy amplio, lo que implica una labor pedagógica constante. Debemos encontrar el punto justo: modelos suficientemente avanzados, pero que sean asumibles y aceptados socialmente. Si hacemos edificios demasiado avanzados que después quedan vacíos porque no hay demanda, esto es un fracaso. Y si invertimos dinero público en espacios comunitarios que no se utilizan, también es un fracaso.

¿Cómo gestiona esta tensión entre innovación y aceptación social?

La clave es entender que los edificios que hacemos son infraestructuras sociales que durarán cien o ciento cincuenta años. Sabemos cómo vivimos hoy, pero no sabemos cómo viviremos dentro de diez, veinte o cincuenta años. Por tanto, debemos diseñar edificios que respondan a las necesidades actuales pero que sean capaces de adaptarse.

A esto se suma la viabilidad económica. Todo lo que implantamos debe tener un retorno monetario y social. Debemos poder demostrar a los futuros ayuntamientos que determinadas apuestas, como las lavanderías comunitarias, funcionan. Por eso producimos, monitorizamos y analizamos resultados. Esta base de datos y experiencias es la que nos permite seguir apostando por estos modelos.

Entrando más en detalle, ¿cómo estructurará los modelos de convivencia cuando plantee un edificio?

El IMPSOL actúa como servicio técnico de los ayuntamientos. No tenemos suelo propio. Trabajamos a partir de convenios: un ayuntamiento nos pone a disposición un suelo y nos hace un encargo concreto. Puede ser un edificio para personas mayores, para jóvenes, intergeneracional, o un proyecto que necesite generar ingresos mediante viviendas de venta con calificación permanente.

El régimen de tenencia influye en el programa y en el modelo de convivencia. La vivienda de alquiler, por ejemplo, permite una mayor flexibilidad. Pero, en general, creemos que el modelo más inclusivo es aquél que mezcla diferentes regímenes dentro de un mismo edificio. Esto permite una cierta estabilidad social, con vecinos más arraigados y otros con mayor rotación, pero manteniendo una identidad compartida.

Nuestra vivienda tipo es una vivienda no jerárquica, con piezas de un mínimo de doce metros cuadrados, hasta tres dormitorios, cocina abierta, espacio exterior y espacios comunitarios que favorezcan la socialización. Siempre con una mirada muy clara hacia la sostenibilidad ambiental y hacia la industrialización de procesos constructivos.

Una de las experiencias concretas que ha impulsado es la lavandería compartida. ¿Qué valoración hace?

Nos iniciamos en este modelo a partir de una rehabilitación de un edificio de oficinas convertido en vivienda dotacional. Decidimos que era una línea por la que teníamos que apostar. Hoy, en todos los edificios que promovemos existe, como mínimo, la previsión de un espacio para lavandería compartida.

Los edificios durarán cien o ciento cincuenta años. Quizás en el momento inicial no hay suficiente demanda, pero estamos convencidos de que crecerá. En muchos países europeos esto es lo normal. Aquí tenemos un componente cultural muy fuerte.

También vemos que la lavandería compartida es una cuestión de eficiencia económica y energética. No podemos pedir a colectivos con pocos recursos que compren una lavadora individual, con el coste inicial y el consumo asociado. Nuestro modelo pasa por garantizar el espacio, fomentar su uso, hacerlo agradable y no imponerlo. Por eso estos espacios compartidos que reservamos no son residuales. Tienen luz natural, contacto con el exterior, lugar para extender, planchar, sentarse. Son espacios de socialización.

¿Y cómo gestiona los costes de estos servicios compartidos?

Bien, hemos probado muchos modelos. Con monedas, haciéndolo como opción predefinida, etc. Pero diría que el modelo que se está consolidando es uno en el que los costes recaen sólo en los usuarios que utilizan el servicio. Cada lavandería tiene contadores propios de agua y electricidad y el gasto se reparte entre los usuarios. Esto evita fricciones. Si todo el mundo tuviera que pagar un servicio que no utiliza, el modelo no funcionaría.
Al mismo tiempo, cuando divides el uso de una lavadora doméstica entre varios vecinos, la eficiencia es muy alta. Y cuando la demanda crece, se puede dar el salto a sistemas más industriales, ya que muchas veces comienzan con lavadoras domésticas.

Por último, ¿cómo ves el futuro de estos modelos de vivienda y convivencia?

Vivimos una crisis habitacional, una crisis del sector de la construcción y una crisis de precariedad profesional de los arquitectos. En cuanto a mi profesión, veo un trabajo para seguir redefiniendo el papel del arquitecto, que debe ser también un dinamizador de los procesos de cambio. A la vez, si, también, veo edificios con más espacios compartidos. Y aquí es donde la figura del mediador que estamos empezando a pilotar será clave. La clave será diseñar estos espacios para que sean flexibles y adaptables a lo largo del tiempo.